Alquileres: Cuando una mala ley perjudica a todos
El Colegio Profesional Inmobiliario, que desde sus orígenes se opuso a la Ley vigente, busca cambiar esta difícil realidad.
El miércoles 14 ingresó a la Cámara Baja un proyecto de modificación de la actual Ley de Alquileres impulsado por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CCUCIBA), apoyado por los 29 Colegios Inmobiliarios de todo el país, que forman parte de COFECI.
Pero no es la primera vez que CUCICBA advierte sobre los efectos negativos de una Ley que fue gestada desde un error grave: habilita la intromisión del Estado en acuerdos entre privados.
Desde su aprobación en junio del año pasado y puesta en marcha en marzo del corriente las consecuencias fueron nefastas para el sector, generando un estado de duda constante en los inquilinos, la retracción de la oferta por parte de los propietarios y un perjuicio más al ya excesivamente castigado sector de los profesionales inmobiliarios.
Una incertidumbre que afecta a todos
Dos aspectos son los más perjudiciales de la actual Ley de Alquileres y sobre los cuales el Colegio Profesional Inmobiliario expresó sus objeciones desde el inicio de la discusión en comisión de la norma que hoy está vigente: la extensión de los contratos por un plazo mínimo de tres años y la actualización de los valores en forma anual a través de un índice elaborado por el Banco Central, que combina la evolución de los salarios del sector privado y la inflación.
Las razones del rechazo por parte de los inmobiliarios profesionales es clara y resultó ser la que generó los mayores daños: la incertidumbre.
Actualmente, el plazo prolongado de un alquiler cuyo valor se modifica según un índice de actualización incierto que surge de la combinación de distintas variables (y debe ser publicado por la entidad financiera central) ha generado una verdadera hecatombe en el mercado de los alquileres para vivienda.
Pero no es la primera vez que CUCICBA advierte sobre los efectos negativos de una Ley que fue gestada desde un error grave: habilita la intromisión del Estado en acuerdos entre privados.
Desde su aprobación en junio del año pasado y puesta en marcha en marzo del corriente las consecuencias fueron nefastas para el sector, generando un estado de duda constante en los inquilinos, la retracción de la oferta por parte de los propietarios y un perjuicio más al ya excesivamente castigado sector de los profesionales inmobiliarios.
Una incertidumbre que afecta a todos
Dos aspectos son los más perjudiciales de la actual Ley de Alquileres y sobre los cuales el Colegio Profesional Inmobiliario expresó sus objeciones desde el inicio de la discusión en comisión de la norma que hoy está vigente: la extensión de los contratos por un plazo mínimo de tres años y la actualización de los valores en forma anual a través de un índice elaborado por el Banco Central, que combina la evolución de los salarios del sector privado y la inflación.
Las razones del rechazo por parte de los inmobiliarios profesionales es clara y resultó ser la que generó los mayores daños: la incertidumbre.
Actualmente, el plazo prolongado de un alquiler cuyo valor se modifica según un índice de actualización incierto que surge de la combinación de distintas variables (y debe ser publicado por la entidad financiera central) ha generado una verdadera hecatombe en el mercado de los alquileres para vivienda.
Pero no es la primera vez que CUCICBA advierte sobre los efectos negativos de una Ley que fue gestada desde un error grave: habilita la intromisión del Estado en acuerdos entre privados.
Desde su aprobación en junio del año pasado y puesta en marcha en marzo del corriente las consecuencias fueron nefastas para el sector, generando un estado de duda constante en los inquilinos, la retracción de la oferta por parte de los propietarios y un perjuicio más al ya excesivamente castigado sector de los profesionales inmobiliarios.
Una incertidumbre que afecta a todos
Dos aspectos son los más perjudiciales de la actual Ley de Alquileres y sobre los cuales el Colegio Profesional Inmobiliario expresó sus objeciones desde el inicio de la discusión en comisión de la norma que hoy está vigente: la extensión de los contratos por un plazo mínimo de tres años y la actualización de los valores en forma anual a través de un índice elaborado por el Banco Central, que combina la evolución de los salarios del sector privado y la inflación.
Las razones del rechazo por parte de los inmobiliarios profesionales es clara y resultó ser la que generó los mayores daños: la incertidumbre.
Actualmente, el plazo prolongado de un alquiler cuyo valor se modifica según un índice de actualización incierto que surge de la combinación de distintas variables (y debe ser publicado por la entidad financiera central) ha generado una verdadera hecatombe en el mercado de los alquileres para vivienda.
Nota vía Clarin